Ayer, 19 de septiembre, la ONG Save the Children que dedica su labor a la protección de la infancia en ámbitos muy diversos ha emitido un informe donde demuestra, con datos del Anuario del Ministerio del Interior, que las denuncias por abuso sexual en la infancia han aumentado un 15,8% en 2016. Sin embargo, las administraciones públicas dan la espalda a las víctimas porque de cada 10 procesos abiertos, siete no llegan a juicio y sólo un 30% de los casos judicializados concluyen con sentencia.
Los abusos sexuales en la infancia y adolescencia se sufren con miedo, culpa y, sobre todo, en silencio. Se calcula que entre un 10% y un 20% de la población española ha pasado por ese horror y solo una minoría se ha atrevido a denunciar el caso ante los tribunales por diferentes motivos:
- Falta de confianza en la Justicia. El proceso judicial dura de media tres años y es casi imposible, salvo la declaración del niño, conseguir una prueba que tenga el 100% de fiabilidad. El verdugo cuando realiza el delito lo hace sin testigos, ni cámaras. Así, el juzgado de lo penal rápido da el sobreseimiento al caso.
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Hacerle revivir al niño/a el horror sufrido. Los pequeños deben repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta y en presencia de los mismos abusadores. Una solución a este problema es la llamada
prueba preconstituida consistente en tomar declaración al niño lo antes posible y grabar su testimonio para que posteriormente en su declaración no reviva el trauma de esos abusos.
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Psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso.
Hay intereses - esto es de mi cosecha propia y no de save the children - en mantener una ley del silencio, en que no aflore la cantidad de mierda que vive nuestra sociedad, aparentemente civilizada. Diecisiete denuncias contra Joaquín Benitez, un profesor de gimnasia del caso 'Maristas de Barcelona' - él mismo testificó ser ciertos los hechos imputados - y de las 17 denuncias, 13 han prescrito ya.
Los estudios demuestran que, generalmente, el abuso en el caso de las niñas se da entre 7 y 10 años y su abusador pertenece al entorno familiar mientras que en los niños se produce entre los 11 y 12 años por parte de un adulto con autoridad, como un profesor, entrenados o monitor.
Para Save the Children la lucha contra los abusos sexuales a menores debe enmarcarse dentro de una estrategia integral que incluya una
Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que establezca, entre otras, las siguientes medidas:
- Que se garantice la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas.
- Que se incluya la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículums formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y se dote a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
- Que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia.
- Que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso.
- Que se fortalezcan y amplíen los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos.
El diario Público apunta que tras la petición de todos los grupos parlamentarios, el Gobierno se ha puesto 12 meses de plazo para elaborar esta norma. Mi problema es que no confío ni en el Gobieno, ni en sus adlateres. Solo me queda confiar en Dios y, en mi próximo comentario, hablo de México.
