Caso Alcàsser, asesinatos encubiertos por las cloacas del Estado

Este viernes 14 de junio Netflix estrena el documental “El crimen de Alcàsser”, cuatro capítulos con una revisión actualizada de los asesinatos de Miriam, Toñi y Desirée que un 13 de noviembre de 1992 fueron violadas y torturadas hasta la muerte. Según la versión oficial, por dos delincuentes comunes llamados Antonio Anglés y Miguel Ricart.

El caso tuvo una enorme repercusión mediática y el caso se tapó deteniendo a “dos perejiles” - en el argot policial -, dos delincuentes de poca monta.

Fernando García (el padre de Míriam) cambió de abogados y tuvo acceso al sumario del caso. Las supuestas deficiencias en la recogida y análisis de las pruebas del crimen llevan a García, aconsejado por el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco, a cuestionar el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y los jueces.

Juntos desarrollaron una teoría alternativa, según la cual Anglés y Ricart eran unos delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos, entre los que podrían encontrarse productores de vídeos snuff o personas poderosas. Desde su punto de vista, Ricart solo se habría encargado de enterrar los cadáveres, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglés habría sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables.

El forense Luis Frontela, en una segunda autopsia demandada por la familia, llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y en su ropa y desveló que podrían identificar a los autores de las muertes y que pertenecerían, al menos, a cinco personas distintas. Otros pelos se descartaron porque se encontraban dañados y no pudieron analizarse.

Durante el juicio, Luis Frontela argumentó que los forenses valencianos procedieron de forma incorrecta en la primera autopsia y les acusó de haber provocado una pérdida de presuntas pruebas para identificar a todos los posibles asesinos.

En octubre de 1997, Juan Ignacio Blanco afirmó en una entrevista a la Revista de Gandía que el fiscal del caso, Enrique Beltrán, y el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, habían dado instrucciones para que las autopsias de las muchachas no se practicasen correctamente, con el fin de encubrir a los verdaderos asesinos.

El abogado Rodíguez Menéndez, señalado como conocedor directo de las cloacas del Estado apunta algunos detalles sobre el caso.