El caso nunca ha sido resuelto y goza de todos los elementos de un culebrón por los personajes, el entorno que le rodea (drogas, sexo, traiciones) y todo el misterio que encierran tantas dudas sin resolver. El asunto es tan amplio que he decidido centrarlo en un personaje, José Romero Tamaral “el policía bueno” que en una entrevista confesó: “ Podría escribir un libro con las desventuras de este caso”.
La policía mantuvo como móvil del asesinato “la venganza personal”. Los marqueses nunca aceptaron como yerno a un joven de” buena familia” (Don sin Din) que ni trabajaba, ni estudiaba. Así, el caso se zanjaba con un asesino (Rafi Escobedo) y un encubridor (Javier Anastasio) que se encargaría de deshacerse del arma. Desestimaban el móvil económico puesto que el matrimonio tenía separación de bienes. El juez instructor del caso, Luis Román Puerta, solicitó al Banco Urquijo-Hispano de Londres que se pronunciara sobre la existencia de una cuenta bancaria a nombre de la familia Urquijo, y si ésta había sido utilizada por los herederos, el administrador o Javier Anastasio en alguna ocasión. Sin embargo, la petición fue denegada a través de vía Interpol tras el alegato de que era necesaria una comisión rogatoria. “El banco se negó a facilitar los datos y nunca más se supo.
El 17 de julio de 1984, los inspectores José Romero Tamaral y Héctor Moreno realizaron un extenso dossier en el que se trató de enmendar el error que había cometido la Brigada Regional de Policía Judicial cuando desterró la hipótesis financiera de la investigación unos años atrás.
A lo largo del documento, los agentes señalaron que el patrimonio de la familia Urquijo sufrió una fuerte pérdida económica debido a la insistencia de Manuel de la Sierra (el marqués) en mantener un elevado número de acciones en el Banco Urquijo en contra la opinión general, puesto que en palabras del administrador: “Cualquiera podía prever la vertiginosa caída del valor de las acciones”. Según consta en el informe, la decisión del Marqués supuso “una verdadera ruina para la familia; pues llegó a perder unos mil millones de pesetas, y todo ello por su pretensión de mantenerse como consejero en el banco. El documento concluye con algunos datos:
1) “Que no es del todo infundado que Diego Martínez Herrera se creyese despedido. La escasa compensación económica del administrador, pese a la extensa actividad, y no siempre agradable, que desarrollaba en su trabajo. Su gran dedicación al servicio del marqués, hasta incluso hacer de enfermero personal”.
2) “Que resulta dudosa en extremo la presencia del señor Herrera en el chalé, el día de autos, cuando es de suponer que debía estar ausente”.
3) “Que es cierta la obstinación del señor marqués en mantener el paquete mayoritario de acciones, y la finalidad perseguida con ello pudo ser desconocida y mal interpretada como una postura de egoísmo personal”.
La Policía realizó sus comprobaciones al respecto, y gracias a una serie de intervenciones que efectuó en la Bolsa de Madrid pudo obtener un certificado que reflejaba las cotizaciones máximas, mínimas y medias de las acciones del Banco Urquijo desde 1966 a 1983. El análisis de esta nueva pista confirmó que la citada entidad había sufrido: “Una caída vertical de la cotización, especialmente en los últimos años que precedieron a los asesinatos, esto es, desde 1973 a 1980”.
Las consecuencias no se hicieron esperar. El gran número de pérdidas que sufría la que otrora fuera una de las bancas más poderosas de España hizo posible que el Banco Hispano Americano absorbiese la entidad de los Urquijo con la compra de casi la totalidad de las acciones. Así, lo que en un principio iba a ser una fusión se convirtió literalmente en una absorción.
Manuel de la Sierra (padre) se opuso en vida a esa fusión. Esta se llevó a cabo, después, con el consentimiento de la familia.
Hijos de los Marqueses de Urquijo
El 11 de abril de 1985, el Banco Hispano Americano consiguió sanear las cuentas del Banco Urquijo al obtener 50.600 millones de pesetas, que fueron aportados por varias entidades, entre ellas el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España.
La sospecha conspirativa cobra fuerza por los mentidos y desmentidos de los personajes, los errores garrafales de la policía que abandona los cuerpos de los Marqueses en el lugar del crimen y sirve para que el administrador mandase lavar las cabezas de sus señores con agua caliente y quitarles la ropa. Según sus palabras, lo hizo por caridad, con la intención de que estuvieran presentables de cara a la familia. Sin embargo, esta decisión evitó los estudios de la autopsia: “Ambos cadáveres ingresaron sin ropas y lavados, por lo que no se pudo realizar el estudio de los vestidos, manchas de sangre, pruebas de parafina y posibles estigmas de ahumados”.
No se precintó la caja fuerte del chalet y el administrador junto con el hijo del marqués destruyeron documentos que evitaron el estudio del estado económico de los negocios.
El arma que presuntamente se utilizó para cometer el crimen. Según la declaración que Javier Anastasio realizó ante el juez, Rafi le entregó aquella Star del calibre 22 (junto con otros objetos relacionados con el doble asesinato) para que se deshiciera de ella, lo que hizo arrojándola al pantano de San Juan, situado a más de cincuenta kilómetros de Madrid. El azar quiso que varios niños que estaban jugando en las inmediaciones del embalse encontraran el arma del delito, que posteriormente fue depositada en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. No obstante, al igual que apareció volvió a desaparecer. De esta manera, cuando los agentes fueron a reclamarla, una de las pruebas más importantes del caso Urquijo ya no se encontraba en aquél lugar. Oficialmente se había perdido.
Además de la pistola, los 215 casquillos que la Policía encontró en la finca de Cuenca, las cuatro vainas que aparecieron en el lugar del crimen, e incluso la cuartilla manuscrita con la confesión de Rafael Escobedo también desaparecieron sin dejar rastro. Respecto a los casquillos, la explicación que ofreció el inspector José Romero Tamaral fue que estos fueron sustraídos del Juzgado de Instrucción Número 16 por un grupo de seis personas que afirmaron ser inspectores de policía.
Por su parte, Javier Anastasio también desapareció. Un mes antes de la fecha prevista para el comienzo del juicio oral, decidió escapar de la Justicia y emprender una elaborada fuga internacional mientras aprovechaba un permiso penitenciario. Las autoridades españolas le persiguieron sin éxito durante varias décadas, pero nunca lograron encontrarle. Sin embargo, el periodista Jesús Quintero sí que lo hizo para una entrevista que tuvo lugar en la isla de Buzios, en Brasil, a finales de 1990. El propio Anastasio aseguraba unos años después que mientras estuvo en España, la Justicia nunca tuvo interés en detenerle. Así lo expresaba en unas declaraciones para la revista Vanity Fair en 2010.
Rafi Escobedo se suicidó en la cárcel de El Dueso (Cantabria). Su abogado, Marcos García Montes alentó la hipótesis de homicidio al detectarse pequeños restos de cianuro en el cuerpo que sirvieran para producir una pérdida de conciencia y ahorcarle. No se permitió la exhumación del cadáver.
Por otro lado,el forense García Andrade fue el hombre que desde la ciencia, desde las autopsias, ha estado cuestionando siempre la versión oficial y no se le ha hecho ningún caso.
El, entonces, inspector José Romero se preocupó de investigar y dejó en evidencia tantísimos errores cometidos por la misma policía. La última vez que le escuché en un programa de radio entrevistándole sobre el caso Urquijo manifestó: “Sigo sintiéndome policía en cuanto defensor de la justicia. Actualmente, trabajo como abogado y, desde otra actividad, quiero seguir los mismos pasos, solo llevo casos que sirvan para hacer justicia”.
