El Tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España". El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. El periódico italiano Il Messaggero publicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio (una red clandestina anti-comunista dirigida por la CIA), había participado en la matanza.
Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz (perdió el hijo que llevaba dentro), casada con Sauquillo. Una de las abogadas del bufete, la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pudo evitar el atentado porque Luis Javier Benavides le había pedido usar su despacho para una reunión.
La situación política en España era convulsa en aquel tiempo. Suárez había negociado el regreso clandestino a España del secretario general del partido comunista para una futura legalización del PCE y ciertos sectores de la ultraderecha recelaban de la apertura a un proceso democrático que ya estaba auspiciado por los Estados Unidos y Europa. Nunca mejor dicho: "Cambiar todo para que nada cambie".
No obstante, el sector inmovilista se mantenía muy fuerte en el ejército y en la policía tratando de justificar sus acciones en el nombre de España y en la lucha contra el terrorismo de ETA y los GRAPO.
Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco y desde el mismo PCE se pidió “calma” para no obstaculizar el proceso democrático.
Los asesinos no se tomaron la molestia de huir de Madrid. En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera –secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte– como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Sin embargo los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.
El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, - conocido por su ideología ultraderechista - se negó a investigar más allá de los encausados comentados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad.
Además, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos a FE. La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en el 2005: “Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980 –pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul y muchos asistentes, también de uniforme–, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada”. García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800 días o unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad.
Escultura de Juan Genovés que recuerda en la plaza de Antón Martín de Madrid a los abogados asesinados
Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada.
La película “Siete días de enero”(1979) dirigida por Juan Antonio Bardem está basada en la Matanza de Atocha, relatando los días de enero anteriores y posteriores al atentado en Atocha y cuando posteriormente se realiza el juicio del grupo autoidentificado como Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A).
Y como pasa casi siempre, los idealistas murieron y Carrillo, Felipe, Guerra, etc se fundieron en un abrazo para llevarles flores, una lápida y olvidar en paz, sin exigir más explicaciones a los “vivos”.
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